La actividad veterinaria enfrenta una creciente judicialización, impulsada por mayores expectativas de los tutores, el reconocimiento de los animales como seres sintientes y una mayor disposición a reclamar por diagnósticos, tratamientos, cirugías o resultados adversos. A ello se suma un entorno regulatorio cada vez más exigente en materias como autorizaciones sanitarias, medicamentos, fichas y consentimientos informados, manejo de residuos, publicidad, protección al consumidor y responsabilidad profesional. Una gestión deficiente de estos aspectos puede derivar en reclamos, fiscalizaciones, multas, sanciones administrativas o demandas judiciales, por lo que resulta esencial contar con protocolos, contratos y registros que permitan prevenir conflictos y respaldar adecuadamente la actuación de la clínica y de sus profesionales.